Gobierno presenta controversia constitucional tras decreto de Bonilla para ‘tomar’ caseta en Tijuana

El presidente López Obrador señaló que tienen buena relación con el gobernador de Baja California, pero que no coincide con la decisión que tomó sobre la caseta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que el Gobierno federal ya presentó una controversia constitucional relacionada con un decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para ‘tomar’ la caseta de Playas de Tijuana.

López Obrador comentó que en su administración tienen buena relación con el Gobierno de Baja California. «Es nuestro amigo el gobernador Jaime Bonilla (…), pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó, porque consideramos que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar una facultuad que el corresponde al Gobierno federal», apuntó.

«Además no es conmigo, es con la ley. Nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el poder judicial el que va a resolver sobre este caso», explicó el presidente.

El pasado 8 de julio, Bonilla anunció la publicación de un decreto para eliminar la caseta del tramo carretero Tijuana-Playas Rosarito, ubicado en el kilómetro 11 en el estado fronterizo, la cual es operada por el Gobierno federal.

En el momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que este acto es ilegal, pues incluso invade la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo federal que, por conducto de la dependencia, otorga concesiones y permisos para explotar, construir y operar carreteras federales y autopista, así como vigilar técnicamente su funcionamiento.

Para restablecer la operación normal de la plaza de cobro, la madrugada del 9 de julio, elementos de las fuerzas armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, acudieron a dicho tramo carretero.

El operativo se llevó a cabo sin actos de violencia, no obstante, se advirtió a los involucrados que de no retirarse serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Información de El Financiero

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